miércoles, 11 de junio de 2008

Director 2008.06.11

Voy a recordarles el preámbulo de nuestra Constitución… todavía vigente, con el permiso de los Partidos separatistas: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
--Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
--Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”.
Y dentro del Capítulo Segundo “Derechos y libertades”, en su artículo 14 reza lo siguiente: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,.religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Sigo… En su artículo 15 dice lo siguiente: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
Cada día que pasa estoy más convencido de que aquella Constitución avalada y firmada en el Palacio de La Moncloa, a 28 de diciembre de 1978, por el Monarca Juan Carlos I; por el Presidente de Las Cortes, don Antonio Hernández Gil; por el Presidente del Congreso de los Diputados, don Fernando Álvarez de Miranda y Torres; por el Presidente del Senado, don Antonio Fontán Pérez y por el Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González, con las mejores intenciones del mundo, los actuales representantes de los distintos poderes del Estado se la han tomado como si se tratase de un bolero interpretado por Los Panchos o por Antonio Machín.
Primero.- En cuanto a que todos los españoles somos iguales ante la ley, les faltó añadir “excepto a los amigos de Su Majestad El Rey y los socialistas y separatistas”.
Segundo.- De que “todos tenemos derecho a la vida y a la integridad física y moral”, les faltó añadir “excepto cuanto el Ministro del Interior decida que nuestras fuerzas de seguridad no actúen mientras los “ejércitos zapateristas” tengan patente de corso,como la tienen los “castristas de Fidel” y los “chapistas venezolanos”. Porque los llamados “piquetes informativos”, amparados por la patente de corso, pueden obligarnos a bajar de nuestro vehículo, a que les mostremos aquello que llevemos en su interior, a pincharnos los neumáticos, a quemarnos el vehículo, sin que nuestros cuerpos de seguridad del Estado intervengan, en defensa del ciudadano de a pie o de aquel que quiere trabajar… y sin que nadie –a pesar de la cantidad de horas de filmaciones existentes, se moleste en averiguar quien o quienes son los delincuentes. Sin embargo cuando alguien que se siente humillado, pisoteado y amenazado de muerte, y desamparado por quienes tienen la obligación de protegernos, y toma la decisión de salvar su propiedad y su vida, resulta que el delincuente de turno se agarra a la presa para provocar lo que nadie deseaba, ya verán ustedes qué pronto se localizará a la víctima (no olvidemos que la víctima era el apresado).
Para terminar, me gustaría que alguien me mostrase la disposición, la norma o el decreto de que se puede intimidar y amenazar de muerte a quien quiera seguir siendo un ciudadano de bien. Y si esa patente de corso existe, igual derecho tendremos los amenazados a quemarles las propiedades a los delincuentes que actúan como “piquetes informativos”, sin que las fuerzas de seguridad y judiciales actúen. Porque, como dicen los sudamericanos, “lo que es igual, no es trampa”… o como dice esta requeteviolada Constitución que nacionalistas y socialistas no cumplen.
Por último escribiré aquello que no debe suceder… Cuidado con la espirales de violencia, que se sabe cómo empiezan; pero nunca, cómo terminan.
Luís de Miranda.