Distintos medios de comunicación llevamos varios días, desde la brutal muerte de ese joven de 18 años a las puertas de una discoteca madrileña, que no acabamos de salir de nuestro asombro. Y ello es debido a que los propietarios de estos centros de diversión, “equipan” sus negocios, en un 99% por individuos que lo único que tienen en sus cerebros son un afán de protagonismo y exhibicionismo extremos. Y si tal porcentaje les parece exagerado, sólo deben darse un paseo los padres de nuestros jóvenes y nuestras fuerzas de seguridad, por cualquiera de ellos. Entonces verán, veremos, que quienes están a las puertas de entrada de los locales son bandas de descerebrados, cuya única misión sería la de comprobar los ticket de entrada y edades de los jóvenes, mientras que la realidad nos demostrará que se trata de personajes mal encarados con gestos y posturas de “matones a sueldo”: porque esas son las figuras que buscan los propietarios de dichos locales.
En aquel caso de Barcelona, como el que nos ocupa en el presente, son defunciones anunciadas, sin que las autoridades competentes y nuestros legisladores hayan movido un dedo para evitarlos. Y lo más triste y preocupante de esta situación es que mientras no se modifiquen las leyes actuales volveremos a vivir pérdidas de jóvenes inocentes.
Dios quiera que con esta segunda muerte y ante la presión que ejerceremos la ciudadanía, los medios de comunicación, las organizaciones internacionales de derechos humanos y, sobre todos nosotros, los padres de los asesinados, nuestros legisladores se pongan a trabajar con urgencia y articulen unos duros castigos para este tipo de delitos. Porque nos resulta inadmisible, para quienes no hemos estudiado la rama del derecho, que para ocupar el puesto de “matón a sueldo” no se exija, por ejemplo, un certificado de penales y se les someta a un “test psicológico”… y que baste tan sólo un cuerpo musculoso y una carga emocional desequilibrada. De ahí que pensemos los padres que, a nuestro entender, igual responsabilidad tienen estos asesinos como quienes los contratan.
Y lo más canallesco, es que ese antro llamado “El balcón de rosales” es que no tenía licencia de apertura y llevaba meses inaugurado. Por eso no nos cansaremos en preguntar el nombre del concejal corrupto y del responsable de la Policía Local; ya que el del Alcalde ya lo sabemos: señor Ruiz Gallardón.
Luís de Miranda.
En aquel caso de Barcelona, como el que nos ocupa en el presente, son defunciones anunciadas, sin que las autoridades competentes y nuestros legisladores hayan movido un dedo para evitarlos. Y lo más triste y preocupante de esta situación es que mientras no se modifiquen las leyes actuales volveremos a vivir pérdidas de jóvenes inocentes.
Dios quiera que con esta segunda muerte y ante la presión que ejerceremos la ciudadanía, los medios de comunicación, las organizaciones internacionales de derechos humanos y, sobre todos nosotros, los padres de los asesinados, nuestros legisladores se pongan a trabajar con urgencia y articulen unos duros castigos para este tipo de delitos. Porque nos resulta inadmisible, para quienes no hemos estudiado la rama del derecho, que para ocupar el puesto de “matón a sueldo” no se exija, por ejemplo, un certificado de penales y se les someta a un “test psicológico”… y que baste tan sólo un cuerpo musculoso y una carga emocional desequilibrada. De ahí que pensemos los padres que, a nuestro entender, igual responsabilidad tienen estos asesinos como quienes los contratan.
Y lo más canallesco, es que ese antro llamado “El balcón de rosales” es que no tenía licencia de apertura y llevaba meses inaugurado. Por eso no nos cansaremos en preguntar el nombre del concejal corrupto y del responsable de la Policía Local; ya que el del Alcalde ya lo sabemos: señor Ruiz Gallardón.
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